El Dr. David Jofré, académico de la Escuela de Periodismo de la Usach, lidera un proyecto Fondecyt Iniciación, apoyado por Dicyt-Usach, que analiza cómo los defensores ambientales utilizan tecnologías digitales en contextos de alta conflictividad territorial. El objetivo es comprender los riesgos, oportunidades y dilemas asociados a estas herramientas.
En medio de la crisis climática, los conflictos ambientales se han intensificado en distintos territorios del país, especialmente en zonas afectadas por la escasez hídrica y la presión sobre los recursos naturales. En estos contextos, la defensa del medioambiente responde a la necesidad de resguardar formas de vida y vínculos con el territorio cada vez más amenazados.
Paralelamente, el uso de tecnologías digitales se ha vuelto clave para visibilizar estos conflictos, generar redes de apoyo y coordinar acciones colectivas, permitiendo amplificar denuncias y sostener procesos organizativos que antes se desarrollaban principalmente en el trabajo en terreno. Sin embargo, este creciente uso ocurre en un escenario marcado por la llamada datificación social, donde gran parte de la interacción cotidiana se traduce en datos que circulan, se almacenan y se utilizan en sistemas digitales.
Este cruce entre crisis ambiental, conflictividad territorial y uso intensivo de tecnologías abre nuevas preguntas sobre los efectos de lo digital en las formas de organización social. En particular, plantea tensiones que no siempre son visibles, como la dependencia de infraestructuras tecnológicas que requieren de los mismos recursos naturales que están en disputa en los territorios.
En ese contexto, el académico de la Escuela de Periodismo Usach, Dr. David Jofré, lidera un proyecto Fondecyt Iniciación que analiza cómo los defensores ambientales utilizan estas herramientas en sus procesos de acción colectiva y cómo enfrentan los dilemas que esto implica.
“A diferencia de los activistas que suelen estar vinculados a organizaciones más estructuradas, los defensores ambientales muchas veces no cuentan con redes formales de apoyo ni con acceso a recursos técnicos especializados, ya que su acción se vincula directamente con la defensa de sus condiciones de vida, lo que hace que el uso de herramientas digitales adquiera características particulares, atravesadas por desigualdades en el acceso, conocimiento y posibilidades de resguardo”, detalló del investigador.
Lo digital como herramienta y desafío
Uno de los aspectos clave de la investigación es comprender cómo el uso de estas tecnologías puede implicar niveles de exposición que antes no existían, ya que “La huella digital que dejan los defensores al usar estas herramientas permite que sean más visibles, pero también más vulnerables, porque esa información puede ser utilizada para encontrarlos, amenazarlos o incluso atacarlos”, añadió Jofré.
A partir de ello, el proyecto propone analizar cómo estas personas negocian, en su vida cotidiana, los riesgos y oportunidades asociados al uso de plataformas digitales. “Esto implica observar qué herramientas utilizan, cómo toman decisiones respecto a su uso, qué información comparten, qué resguardos adoptan y qué tensiones enfrentan al momento de exponerse en entornos digitales”, explicó el académico Usach.
A partir de esto, la iniciativa busca aportar herramientas concretas para quienes participan en estos procesos, en particular contempla el desarrollo de instancias de retroalimentación con las propias comunidades, con el objetivo de traducir los hallazgos en orientaciones prácticas que contribuyan a un uso más seguro y consciente de las tecnologías digitales.
El proyecto se desarrollará en un período de tres años y contempla la identificación de casos de estudio en territorios afectados por estrés hídrico, el trabajo en terreno con defensores ambientales mediante entrevistas y metodologías participativas, el análisis de sus prácticas digitales y, finalmente, la sistematización de resultados para su devolución a las comunidades.
Además, la investigación cuenta con convenios de colaboración con la ONG Derechos Digitales y con la Fundación Datos Protegidos, ambas dedicadas a promover la protección de los datos personales y la privacidad, además del trabajo directo con defensores ambientales en distintos territorios del país y el apoyo de un equipo interdisciplinario en sus distintas etapas.
Finalmente, el académico plantea que estos hallazgos pueden contribuir a una discusión más amplia sobre el rol del Estado. “Hoy en Chile se tiende a dejar la responsabilidad en el individuo, pero este problema también requiere una discusión pública más amplia y eventualmente el desarrollo de políticas que regulen mejor estos entornos digitales”, concluyó.
Por Francisca Barra
